Las mutuales con servicio de ayuda económica están atravesando por tiempos de asedio desde varios frentes.

La semana pasada dábamos cuenta de 44 allanamientos efectuados en las mutuales del  Club Filodramático de Alicia y la del Centro Cultural de El Fortín, donde funcionarios judiciales ingresaron a la sede de las instituciones y a los domicilios particulares de dirigentes, ex dirigentes y empleados.

De los operativos participaron personal de la AFIP, Banco Central y del INAES, bajo la protección de más de un centenar de gendarmes, todos convocados por la Fiscalía Federal de San Francisco, con anuencia del Juez a cargo Pablo Montesi.

El escenario fue una réplica de lo ocurrido a principios del año 2017, cuando se procedió de igual modo con las mutuales Unión, de Alicia y Almafuerte, de Las Varillas.

El fiscal federal de San Francisco, Luis María Viaut, atendió a la consulta de Prensa Con Opinión, y explicó que “la investigación preliminar se inició a partir de una denuncia anónima por usura, realizada hace varios años atrás, lo que derivó en la necesidad de reunir pruebas”.

De este modo, el funcionario judicial se responsabilizó por el operativo y por las características del mismo, que llevadas a cabo en localidades con escasa población como lo son Alicia y el Fortín, tienen un fuerte impacto en la comunidad, la mayoría asociada a alguna de las entidades del sector. Viaut asegura que “la cantidad de allanamientos requeridos debían hacerse de manera simultánea, y el modo aplicado es el único posible para ejecutarlo. Estas son medidas de prevención y ahora viene el turno de hacer evaluación y peritaje de los elementos requisados”.

Los sorpresivos episodios del procedimiento judicial, dejaron perplejos a los habitantes de esos pueblos ya los dirigentes de las entidades, que todavía no se explican las razones de este operativo.

Encontrar argumentos, resulta tarea difícil, cuando para el caso de la Mutual del CAyFA, se trata de una organización que está en Concurso de Acreedores desde el año 2010, y en pleno cumplimiento de los acuerdos, que son informados periódicamente al Juez que lleva el expediente y vela por el cumplimiento de los compromisos. Además, la mutual está bajo la atenta mirada de un veedor enviado por el INAES, ratificando con su presencia el poder de control que tiene el organismo nacional sobre la entidad.

A las dudas sobre el origen que motivó estas acciones de allanamientos, se puede agregar que hace apenas diez días atrás, desde el diario La Voz del Interior, se anunció que el Juzgado Federal de Bell Ville -donde se radicó originalmente el caso CAyFA- pidió la elevación a juicio de la causa contra los once procesados, entre ellos quien fuera presidente en al año 2008.

Los dirigentes de las entidades afectadas, aún sorprendidos, salieron rápidamente a llevar tranquilidad a los asociados mediante sendos comunicados dados a conocer el pasado viernes.

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