Aprovechando la Asamblea General Ordinaria de FEMUCOR el viernes pasado, su presidente y a la vez titular de la Confederación Argentina de Mutualidades, Alejandro Russo, expuso públicamente lo que era un secreto a voces: el nuevo intento del Gobierno por hacer que mutuales y cooperativas de crédito paguen impuesto a las ganancias.
“Ya nos había dicho el año pasado Mario Quintana (por entonces Vice Jefe de Gabinete), que todo el mundo tiene que pagar ganancias. Estamos viendo que es un eje de este Gobierno, el que las mutuales y cooperativas tengan que pagar ganancias. Se dice que el sector aportaría dos mil 500 millones pesos, cuando el aporte que hacen las organizaciones a la comunidad es mucho mayor.
“Ahora pregunto, ¿quién se va a hacer cargo de los aportes que hacemos en el interior? ¿Quién se va a hacer cargo de los servicios de salud, de la cultura que aportan las organizaciones? Va a ser mucho más caro el daño que lo que puedan recibir las provincias por coparticipación”.
Los enunciados de Russo tiene asidero real en los términos de lo establecido por la Ley 23548 de Coparticipación Federal. De lo que recauda el Estado Nacional en materia de impuestos coparticipables, sólo el 54,66 % se distribuye a las provincias. Es decir que, si tal como lo estima el Ministerio de Hacienda, la recaudación ascendiese a dos mil 500 millones pesos, el monto coparticipable sería de algo menos de mil 400 millones. De esa masa, Córdoba recibe el 9,22 %, es decir menos de 126 millones de pesos. Lo mismo sucedería en Santa Fe, la otra provincia que, junto con la mediterránea, concentra al grueso de entidades mutuales y cooperativas de todo el país. Vale recordar que la semana pasada publicamos en este portal, que 50 mutuales relevadas sólo en el norte santafecino, habían concretado aportes comunitarios por cien millones de pesos. En la provincia del Litoral hay más de 850 entidades, con idéntica acción social.
Por otra parte, conviene dejar en claro que si las organizaciones debieran tributar ganancias, nunca lo podrían hacer antes de los cierres de sus respectivos ejercicios. Como la liquidación de ganancias se hace en los meses de mayo de cada año, el Estado Nacional recaudaría a finales de mayo de 2020, y recién desde ese momento se iniciaría la liquidación de coparticipación a las provincias.
Con la excusa de dar señales de gobernabilidad, la Nación envió a las provincias el borrador de un nuevo Consenso Fiscal, que aunque lo titule como adenda (agregado), se trata de recomponer el acuerdo firmado hace apenas diez meses atrás y que naufragó rápidamente ante el desquicio generalizado de la economía. Este renovado proyecto pretende compensar a las provincias la enorme quita de aportes previstas a partir del próximo año, también con la esperanza de que los gobernadores instruyan a sus legisladores nacionales para que voten favorablemente el Presupuesto 2019.
Antes que correr el riesgo de enfrentarse a las mutuales y cooperativas, que son motores en el desarrollo de las economías regionales, los mandatarios provinciales tienen otras masas de dinero mucho más importantes en volumen de las que preocuparse. De hecho, la supresión del Fondo Federal Solidario (conocido como el fondo sojero), la quita total de subsidios al transporte y la eliminación de los aportes nacionales a la tarifa social de energía eléctrica. Sobre todo estos dos últimos, tendrán una incidencia directa en el humor social, cuyo costo político están más cerca de pagar los gobiernos locales.
Cabe aquí aclarar, que aunque el Ejecutivo Nacional haya decidido liberar 4.100 millones del fondo por la exportación del poroto de soja para distribuir a las provincias, sólo se aplica al último cuatrimestre de este año, pues la eliminación ya se había establecido el mes pasado por un DNU de Mauricio Macri. Es un gesto para los gobernadores. Pero temporal, porque que la eliminación definitiva de este reparto está contemplada en el proyecto de Presupuesto.
El portal oficial del Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba publica el detalle de los ingresos mensuales a las arcas públicas. Sólo entre enero y agosto de este año, la provincia recibió por coparticipación del fondo sojero 1.487 millones de pesos. Algunos estiman que a finales de año, los ingresos por este concepto rondaría los 2.500 millones, o hasta quizás se supere esta cifra. Por otra parte, según lo declarado por autoridades de la Federación de Empresarios del Transporte Automotor de Pasajeros (FETAP), el subsidio nacional para el transporte de Córdoba es de 4 mil millones de pesos anuales.
En el caso de Córdoba, cuesta entender que la provincia acepte mansamente las imposiciones del Gobierno Nacional. Por un lado dejará de recibir más de 6.500 millones de pesos, y a cambio se esperanza en recibir menos de 130 millones que supuestamente percibiría por el impuesto a las ganancias que pagarían las mutuales y cooperativas. El Ejecutivo local ya anticipó que firmará el Consenso Fiscal sin protesta. Pero si además, presiona sobre los diputados para que den vía libre al proyecto de Presupuesto –votando a favor o con abstención-, sin reclamar por el artículo 85 que pretende dejar sin efecto las exenciones a las organizaciones sin fines de lucro, el gobierno provincial habrá declarado la ruptura de la relación entre el Estado y las entidades que en cada rincón de la provincia, dan contención económica, social, cultural, y de asistencia a las personas y a las instituciones de cada comunidad.
