La obsesión del Gobierno con las Mutuales de Ayuda Económica por gravarlas con Impuesto a las Ganancias, merece una especial interpretación sobre los motivos profundos que movilizan tal actitud.
La única manifestación oficial ha sido vertida por el ex Vice Jefe de Gabinete Mario Quintana, en ocasión de su encuentro con los máximos dirigentes del sector mutual y cooperativo, previo al tratamiento del proyecto de Reforma Tributaria en diciembre del año 2017. En esa reunión, el funcionario indicó de manera categórica que “…toda actividad financiera, independientemente de quién la realice o de su naturaleza jurídica, sus motivaciones ideológicas y sus finalidades, debe tributar el Impuesto a las Ganancias. Asimismo en caso que existan razones altruistas en su origen o fin, las mismas debe realizarse luego de ingresar el tributo, ya que con el impuesto se produce una redistribución que también persigue un fin social”.
Con la honestidad intelectual del caso y arropado de una transparencia en su pensamiento, señaló al Congreso Nacional como el espacio a donde se deberían dirigir todas las acciones, comentarios, propuestas, súplicas y demás acciones tendientes para revertir tal interpretación. También prometió que estaba dispuesto a aceptar con gallardía democrática, el resultado que surja de las discusiones parlamentarias. Y es así que el 20 de Diciembre de 2017, día del tratamiento de citado proyecto, previo a someter a votación los artículos 23 y 24 del Proyecto de Reforma Tributaria, y ante la evidente, abrumadora y avasallante cantidad de argumentos y fundamentos políticos, legales, culturales y sociales, el titular del interbloque oficialista de Cambiemos Mario Negri, anunció el retiro de los referidos artículos. Argumentó que no se daban las condiciones para avanzar en su tratamiento, difiriendo para el futuro un debate y análisis del tema. Aprovechó el momento para hacer referencia a la existencia de mutuales en la zona de la calle Callao “non sanctas”, aunque reconocía la importancia del sector mutual en la vida de la comunidad. Lamentos y quejas fueron eco de los comentarios del Ministro de Hacienda, quien recriminó dicha decisión y dijo que se debiera haber aprobado la eliminación de la exención de ganancias, sin haber brindado una justificación o explicación de los motivos que sostenía tal pretensión.
Desde ese momento, el tema no se trató jamás. Nadie se expidió sobre la necesidad de debatirlo y tampoco ha sido motivo de observación por el mismo oficialismo el marco de su política económica.
Déficit; Presupuesto; Pacto Fiscal; gobernadores y FMI: la ocasión.
En una nueva oportunidad democrática en el ámbito del Congreso de la Nación, y con un proyecto que cuenta con 132 artículos más uno de forma, en un voluminoso expediente, el Poder Ejecutivo incluyó en el Articulo 85 del Proyecto del Presupuesto 2019, la pretensión de gravar las rentas proveniente de las actividades de préstamos, financieras y de seguro de las entidades mutuales, y limitando el uso del Articulo 29 de la Ley 20321 para esas actividades.
La justificación este año es la imperiosa necesidad que el Presupuesto público consolidado de todos los estados (nacional, provincial y municipios) sean equilibrados; es decir, sin déficit primario. Se entiende como tal al resultado entre ingresos y egresos, sin computar en estos últimos el pago de intereses por endeudamiento.
La exigencia proviene de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional en el marco de la solicitud de asistencia financiera que realizó el Gobierno Nacional, a fin de evitar un colapso mayor y contar con el financiamiento en dólares que el mercado de capitales le comenzó a negar en el primer cuatrimestre del año.
La implementación tiene varias fases y espacios: políticos y mediáticos.
En lo político, por un lado se presenta dentro del tratamiento del Presupuesto a los fines de computar esos ingresos y mostrar que se puede equilibrar las cuentas y obtener el déficit cero.
Por otro lado, se modifica el Pacto Fiscal del año 2017 con los Gobernadores, donde se transfieren gastos a las provincias, se asignan partidas compensatorias y se compromete a los gobiernos locales y al nacional a realizar los esfuerzos necesarios para: “Derogar, con efecto para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero de 2019, toda disposición por la que se eximan del Impuesto a las Ganancias los resultados provenientes de actividades de ahorro, de crédito y/o financieras o de seguros y/o de reaseguros de entidades cooperativas y mutuales”.
Desde lo mediático, hay una puesta en escena por parte de los principales grupos mediáticos aliados al gobierno nacional, particularmente el Grupo Clarín, con su principales caras visibles e implacables a la doctrina que emana de sus intereses. Estos medios han difundido que el “beneficio fiscal” por sumas inimaginables, constituyen una injusticia. Y que el momento grave que vive el país, exige una revisión y derogar esos “beneficios”. Se pueden comprobar estos dichos revisando la programación diaria en TN Noticias, Periodismo para Todos, Radio Mitre, los diarios Clarín, El Cronista, Ámbito Financiero, Infobae, etc. A esto se suma la inmensa red de reproductoras en todo el país a través de sus presencias mediáticas locales.
Sin explicaciones, sin motivos valederos y con la justificación de lograr el déficit cero se avanza sin ninguna vergüenza en la injusta pretensión.
Por una connivencia entre los gobernadores con el Poder Ejecutivo Nacional, se establece un cuadro de compromiso institucional y de aunar esfuerzos en sacrificio del sector.
El fin justifica los medios.
Jamás se pudo respaldar jurídicamente la posibilidad de gravar a las mutuales, cualquiera sea la actividad, financiera o no. Además de contar con una exención en la ley 20321, una vasta doctrina indica que las mutuales no son sujetos de impuestos por carecer de ánimo de lucro en los términos que se exige para tributar. No obstante el sólido respaldo legal que se cuenta, se avanza con una único justificativo o explicación: las famosas mutuales truchas que actúan con altas tasas de interés, abusos en sus prácticas, lavados de dinero, vínculos con la economía informal y otros argumentos que siempre pretenden desprestigiar y hasta criminalizar la actividad financiera de las mutuales.
La verdad es que la pretensión de cobrar se realizará sobre las mutuales que actúan correctamente, las que están registradas, controladas y actúan a la luz de los controles.
La verdadera razón, es que en el marco de una economía de corte neo liberal, lo que se pretende implementar es de neto corte ideológico. Se exige que la administración del ahorro particular y comunitario deba realizarse y canalizarse únicamente por intermedio de las entidades financieras. No encaja que sistemas alternativos como el de la Economía Solidaria puedan gestar, administrar y proyectar un formato como el que encaran las mutuales que cuenta con el Servicio de Ayuda Económica.
Desde diferentes ángulos y con diversas políticas, se combate a las mutuales: a) Los bancos cierran las cuentas corrientes; b) se implementan exigencias que superan las posibilidades de las mutuales: UIF, AFIP; c) se grava con impuestos para desalentar y castigar la actividad con el ánimo de hacerlas desaparecer.
¿A quiénes corresponde evaluar integralmente esta situación? El sistema republicano indica que los Diputados son los representantes del pueblo y éste delibera solamente por sus representantes constitucionales. Una tergiversación ha conllevado a una variante, en la que los diputados nacionales terminan respondiendo a los gobernadores. Esa deformación representativa les permite a los titulares provinciales a suscribir convenios, pactos y otros acuerdos espurios a espaldas del pueblo, y a los legisladores a prestar su conformidad, claudicando ante el imperio del poder de los gobernadores.
Seguramente los legisladores de las principales jurisdicciones afectadas, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos entre otras, no pueden desconocer la importancia en cada localidad del rol, funcionamiento, dedicación, compromiso comunitario y agente de desarrollo económico y social.
Una revisión de las posturas de cada uno en el debate parlamentario en Diciembre de 2017 permite ratificar que tienen ese conocimiento y esa convicción. ¿Qué cambió este año 2018?: la presencia del FMI y sus exigencias. Esto se convirtió en la oportunidad y ésta a la ocasión; y la ocasión hace al ladrón.
