Foto: CAM

Por José Frattini

Los diputados nacionales que participaron en el acto del viernes pasado en el Hindú Club de la ciudad de Córdoba, encontraron el espacio propicio para exponer sus posiciones frente al artículo 85, al proyecto de presupuesto en general, y no desperdiciaron la ocasión para la proclama política.

A las preguntas formuladas por este medio, Gabriela Estévez advirtió que “las cooperativas y mutuales tienen una enorme inserción territorial y comunitaria, donde prestan servicios sin finalidad de lucro, por lo tanto, no sólo queremos que sea eliminado el artículo 85 del proyecto, sino que trataremos de impedir que salga este presupuesto”.

Por su parte, la diputada santafecina Silvina Frana expresó que “compartimos el dictamen de la Oficina de Presupuesto del Congreso, por lo que este artículo 85 está incorrectamente incorporado. Hoy el presupuesto es incorrecto. Seguramente el dictamen de Marcos Makón (director de la OPC) será uno de los argumentos que tomaremos cuando deba emitirse dictamen de Comisión”.

En igual sentido se pronunció Luis Contigiani ante la consulta: “El 85 está dentro de esos artículos, que están fuera del marco de regulación que rige para hacer un presupuesto. Una de las premisas que hay que respetar de lo que dice la Ley de Administración Financiera, es que no se incluyan artículos que puedan modificar impuestos. El presupuesto está modificando temas tributarios, por lo cual, de consagrarse el 85, daría lugar a una cantidad enorme de planteos de nulidad, inconstitucionalidad y judicialización. Yo espero que no lleguemos a eso, que seamos sensatos. De que lo que no corresponde legamente, no se pueda hacer y que se retiren esos artículos, incluido el 85”.

En tanto, Pablo Carro coincidió en la inconstitucionalidad de buena parte del proyecto de presupuesto, pero consideró como más importante la necesidad de politizar los reclamos: «El movimiento mutual y cooperativo es socio natural de los trabajadores. Tienen una fuerte representación y capacidad organizativa, una gran inserción en nuestro pueblos, y son ellos los que tienen que tomar estas banderas. Pero para hacerlo tienen que politizarse. Está claro que es inconstitucional, pero lo cierto es que el gobierno de Macri viene haciendo cosas anticonstitucionales desde hace rato. Lo que nosotros no podemos hacer es estar judicializando la política con cada hecho, porque esa es la estrategia que lleva adelante el oficialismo (…)  Seguramente habrá un dictamen de rechazo al artículo 85 y lo ideal sería que haya un rechazo en general del presupuesto”.

Aunque Frana y Carro también fueron oradores durante el acto, sin duda que el mayor aprovechamiento del escenario lo hizo Martín Llaryora. El sector mutual, igual que en diciembre de 2017, volvió a estar pendiente de la postura del  diputado oriundo de San Francisco, hoy principal referente del bloque Argentina Federal, cuerpo donde persiste una inocultable influencia  del Gobernador Schiaretti. Con típico tono encendido de tribuna, Llaryora hizo propio el mensaje de una propuesta alternativa al artículo 85, porque “la solidaridad no paga ganancias. No vamos a entregar a quienes desarrollan nuestras economías locales”.

Llevar la voz cantante de una idea que aplaque la exigencia recaudatoria del Gobierno Nacional, y a la vez no irrite a una importante porción electoral, como es el sector mutual en el departamento San Justo, parece en este momento la solución salomónica para el diputado cordobés.

Aunque el resultado del acto del pasado viernes pareciera dar una cuota de alivio o distensión en los mutualistas, aún quedan días de mucho vértigo. La dirigencia de CAM confía en aglutinar a las confederadas para tener el visto bueno a la alternativa de una contribución especial y temporal. Con el guiño del diputado oficialista Nicolás Massot, Martín Llaryora podría impulsar la eliminación del artículo 85, antes que el proyecto ingrese al recinto.

Si hubiese algún tropiezo, al sector mutual y cooperativo, le queda aún una carta más, que sería la inconstitucionalidad, que por cierto en estos tiempos de descrédito del Poder Judicial, sería un camino escabroso. Al menos dentro de los próximos doce meses.

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