Ignacio Carranza, uno de los dos abogados que asumieron la defensa de Domingo Benso en la causa por facturas apócrifas, explicó las razones que derivaron en la imputación y detención del dirigente del Grupo Devoto.
El letrado consideró que tanto la AFIP como los representantes del Ministerio Público Fiscal, “debieron tener más prudencia a la hora de investigar y tratar de diferenciar los roles que pudieron tener cada uno de los imputados en el marco de una investigación tan compleja”.
“Con Benso se han apresurado al tomar una medida tan drástica –asegura Carranza-. Porque las conjeturas que ha sacado la AFIP, son en virtud de un mal entendido acerca del manejo de un servicio que presta la cooperativa: la provisión de internet. A raíz de una mala lectura realizada por la AFIP sobre un IP, se vincula como que una factura apócrifa fue hecha desde la cooperativa, cuando esto es falso”.
El IP, o protocolo de internet, es un conjunto de números que permite identificar a un dispositivo con la capacidad de conectarse a internet, ya sea una computadora, tableta o celular.
El abogado expuso que cuando una persona emite una factura, la Administración Federal de Ingresos Públicos detecta desde qué IP se cargó esa factura. En este caso, el organismo recaudador le solicitó a la EPEC –empresa proveedora del servicio de internet que se distribuye en Devoto a través de la Cooperativa- que informe sobre la titularidad de ese IP. De allí que se le atribuye la responsabilidad a Benso, por ser representante de la entidad.
Para Ignacio Carranza hubo una errónea interpretación: “El pedido de informe se lo hicieron a EPEC, cuando debieron haberlo enviado a la cooperativa para que esta le informe qué usuario de su servicio tiene la numeración que indicaba. Se saltearon un paso, porque la cooperativa es proveedora del servicio a una gran cantidad de usuarios”.
Por otra parte, el abogado defensor explicó que el Fiscal (Luis María Viaut, de San Francisco) presume que una cuenta bancaria conjunta entre Domingo Benso y Mauricio Pizzi, fue constituida para formar una asociación ilícita.
“Pizzi cumplió funciones de jerarquía en una de las cooperativas del Grupo Devoto, y por esa razón ambos tenían una cuenta conjunta. Lo que no se tuvo en consideración, es que esa cuenta fue cerrada en el año 2008. Pero además, a partir de irregularidades cometidas por Mauricio Pizzi en el ejercicio de sus funciones, fue desvinculado y denunciado penalmente por el mismo Domingo Benso, lo que para nosotros es una prueba de gran valor para demostrar que no existió ninguna asociación entre estas dos personas”.
Pizzi también se encuentra detenido en Córdoba. Su esposa, María Isabel Abtt, cumple prisión domiciliaria por tener a cargo dos hijos menores.
La voluminosa causa de facturas apócrifas lleva hasta ahora 13 detenidos y más de treinta imputados, entre ellos los intendentes de Saldán, Cayetano Canto, y de Mendiolaza, Daniel Salibi.
A mediados de la semana pasada, el Juez Federal de San Francisco, Pablo Montesi se declaró incompetente, y envió las actuaciones de la causa al Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, a cargo de Ricardo Bustos Fierros.
Las primeras diligencias efectuadas por la defensa de Benso, han estado referidas al pedido de excarcelación o prisión domiciliaria, cuya resolución podría producirse en el transcurso de esta semana.
