El proyecto de Presupuesto para el año próximo ya ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, y aguarda su debate en las diferentes comisiones intervinientes.
El documento contenido en más de 4.800 páginas, desglosa para el Instituto Nacional de Asociativismo una partida de 5.001.751.674 pesos. Esta cifra supera en más del doble de lo presupuestado para el año en curso, que rondó por los dos mil millones de pesos.
Como es sabido, los proyectos de presupuesto son lineamientos generales sobre las expectativas del Poder Ejecutivo, es decir, no son una proyección certera porque pueden surgir variables que modifiquen lo trazado.
No obstante, los montos asignados a cada área de gobierno, son estimados a partir de los niveles de ingresos al fisco, pudiendo variar en más o en menos la ejecución de programas previstos.
Para el caso puntual del INAES, el proyecto del Ministerio de Economía, establece que:
“El INAES llevará adelante su misión a través de cuatro grandes líneas de acción: 1) la promoción para el desarrollo del asociativismo y la economía social, 2) el fomento del carácter productivista del mundo cooperativo y mutual, 3) el derecho a la matriculación de quienes deseen conformar una cooperativa o mutual, y 4) el control y la fiscalización de las entidades nucleadas bajo este universo, velando por el cumplimiento de la normativa vigente. Para ello, el Instituto emprenderá un proceso de jerarquización de su estructura de gobierno, de gestión y de su planta profesional y técnica, en un todo de acuerdo con los objetivos propuestos.
En ese marco normativo, la política presupuestaria institucional para el año 2022 prevé los siguientes objetivos:
– Crear líneas específicas de asistencia y fortalecimiento que contemplen las necesidades de los diferentes actores que conforman el sector de la economía social y solidaria, atendiendo principalmente a las cooperativas de trabajo (destacando el rol de las empresas recuperadas y fomentando el cooperativismo del trabajo como salida a la frágil situación laboral producto de la pandemia), cooperativas de servicios, cooperativas de consumo, cooperativas agropecuarias y las mutuales que ofrecen diversos tipos de servicios, entre otras.
– Crear espacios de diálogo e interacción entre los distintos actores directa e indirectamente vinculados con el sector, con el fin de co-crear las políticas que permitan alcanzar los objetivos comunes a través del asociativismo, promoviendo la perspectiva de género y la integración social de los grupos sociales históricamente postergados (niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad).
– Promover el cooperativismo y mutualismo en clave federal a través de las líneas específicas antes mencionadas, no solo arribando con el Instituto a todas las provincias, sino también a la profundidad de todo el territorio nacional.
– Impulsar la creación de cooperativas y mutuales de desarrollo local en los municipios, con el fin de ofrecer la vía asociativa como vehículo hacia el bien común y la sustentabilidad económica, social y ambiental.
– Desarrollar distintos instrumentos de financiamiento para el sector que permitan el acceso al crédito a costos razonables de acuerdo a las necesidades existentes y a las que se requiera promover.
– Crear distintas líneas de crédito para dar respuesta a las necesidades de capital de trabajo, de ampliación de capacidad productiva, puesta en marcha de capacidad ociosa, cobertura de gastos corrientes, entre otras, de las entidades de la economía social. Dentro de estos instrumentos se prevé la creación de Fondos Específicos de Financiamiento mediante la realización de convenios con fideicomisos, bancos y mutuales para el otorgamiento de créditos con tasa subsidiada.
– Incentivar una mayor interacción entre el Estado (en sus diferentes niveles) y el sector de la economía social, promoviendo las compras públicas a entidades del sector.
– Favorecer el destino del crédito solidario y la ayuda económica mutual, con fundamento en una ética de la solidaridad, con impacto social y medio ambiental, impulsando el emprendedorismo asociativo, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, actividades productivas, agropecuarias, de servicios públicos, infraestructura comunitaria y de consumo, como así también de trabajo, generadoras de empleo, impulsando un proceso virtuoso de desarrollo local.
– Fomentar el carácter productivista de la Economía Social y Solidaria generando condiciones para la creación de nuevas entidades productivas, fortaleciendo las actividades productivas existentes mediante el estudio de su problemática en este momento económico de fragilidad, e implementando soluciones innovadoras en los territorios por medio de equipos interdisciplinarios con un abordaje holístico.
– Promover instrumentos financieros específicos para la actividad productiva que contemplen el agregado de valor en origen, la compra de insumos para producción, la puesta en valor de la infraestructura instalada y/o la integración vertical en las mismas cadenas productivas.
– Conectar a los distintos actores generando una sinergia que potencie su actividad y la posibilidad de emprender un camino solidario de crecimiento tanto en el mercado doméstico como en la internacionalización de sus producciones.
– Implementar un sistema de análisis de la producción, distribución y comercialización basado en costos abiertos, dentro de las organizaciones de la Economía Social.
– Generar las condiciones para la validación y certificación de calidad de la producción cooperativa principalmente enfocados en la economía circular.
– Generar programas de capacitación atendiendo las necesidades y desafíos que enfrentan las cooperativas y mutuales a lo largo y ancho del territorio nacional, considerando a la educación como factor crucial del fortalecimiento y el desarrollo.
– Dictar cursos de capacitación y talleres a cooperativas, mutuales y funcionarios del Estado que contemplen una amplia gama de temas, desde cuestiones conceptuales sobre economía social y solidaria hasta políticas públicas concretas, procurando brindar las herramientas necesarias para promover al asociativismo como el tercer motor del crecimiento económico y desarrollo sustentable de nuestro país.
– Asistir técnica y financieramente a cooperativas y mutuales en proyectos vinculados a sectores socialmente vulnerables, a entidades que brinden servicios públicos, a la prestación del servicio de salud, a proyectos productivos y al fortalecimiento institucional.
– Consolidar el ejercicio del control público, preservando la figura jurídica Cooperativa y Mutual a través de acciones que: a) importen la consolidación, revisión y modificación de sistemas de control e información que mantengan actualizado el universo de entidades que corresponde controlar, segmentándolas por volumen de facturación de forma tal de ejercer una fiscalización más eficiente; b) consoliden nuevos procedimientos para la revisión de la documentación anual obligatoria que presentan las Cooperativas y Mutuales; c) generen un plan de fiscalización, en todo el territorio nacional, a través de acciones coordinadas con otros organismos de control nacional y provinciales, poniendo especial énfasis en aquellas actividades riesgosas que generan fraude laboral, fiscal o financiero; d) fortalezcan y promuevan los mecanismos de autocontrol de las entidades y buenas prácticas en gobernanza cooperativa y mutual con participación de modelos desarrollados en Alemania y Francia; e) den continuidad al proceso de regularización, retiros o revocatorias de autorización para funcionar de cooperativas y mutuales; f) den continuidad a la conclusión de procesos liquidatorios de cooperativas y mutuales; y g) simplifiquen y agilicen los trámites de procesos sumariales con el objeto que los mismos se concluyan en plazos razonables.
– Promover ante la Unidad de Información Financiera (UIF) la modificación y actualización de la normativa aplicable en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo, y de conformidad con lo establecido en la Ley N° 25.246 y modificatorias.
– Observar en materia de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo los siguientes objetivos: a) cumplir con el plan anual de inspección y fiscalización 2022 Anti Lavado de Activos (ALA) y Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT); b) realizar las auditorías en la materia conforme los criterios en la normativa vigente (internas y anuales); c) actualizar y poner en funcionamiento la Matriz de Riegos del INAES; d) actualizar procedimientos que permitan trabajar de manera homogénea y sistematizada; e) consolidar registros de análisis y gestión de riesgos de las operaciones inusuales detectadas y reportadas; f) realizar capacitaciones internas y externas en materia de Prevención de Lavado de Activos (PLA) y Financiación del Terrorismo (FT); g) elaborar los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva de acuerdo a las normas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF); h) evacuar las consultas y asesorar en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo cuando sea solicitado por los órganos judiciales y los organismos supervisores; i) colaborar en informes requeridos, por oficios judiciales, así como auxiliar a la justicia en la ejecución de medidas que así lo requieran y/o en el análisis de información relativa a la competencia de INAES; j) participar en el ámbito nacional, regional e internacional en la relación con los organismos competentes y diseñar acuerdos de trabajo en la esfera de su competencia, cuando sea requerido por las instituciones nacionales especializas en la materia; k) participar en las reuniones, congresos y/o mesas de trabajo internacionales en la materia; l) formular el plan anual de inspecciones a cooperativas y mutuales (sujetos obligados y establecer el plan de trabajo en materia PLA/FT; m) seguir implementando la aplicación de las políticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo del Instituto como sujeto obligado; e i) colaborar y participar en la confección de la matriz de riesgo propia del Instituto en su carácter de sujeto obligado y en cumplimiento de la normativa vigente.
– Participar como integrantes del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, creado por el Decreto N° 331/19.
– Continuar participando, con el resto de los organismos de la Administración Pública Nacional (APN), en el Grupo de Trabajo sobre Soborno (WGB por sus siglas en inglés) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para contribuir al eventual ingreso del país como miembro de la Organización.
– Continuar participando con el resto de los organismos de la APN, en las distintas tareas preparatorias de la próxima evaluación mutua que realizará el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en materia de prevención de riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo.
– Consolidar la información que se obtenga a través del Proceso de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales, en conjunción con datos estadísticos.
– Continuar con todos los procesos de gestión documental electrónica e incorporación de nuevos trámites a distancia en trabajo conjunto con la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros.”
Medidas para impulsar la actividad
Por otra parte, en el texto también se prevé un plan de asistencia a la actividad cooperativa y mutual, expresado en los siguientes términos:
“El programa desarrolla actividades complementarias e integradoras que tienen la misión de contribuir al fortalecimiento del sector de la Economía Social. Para ello, se debe promover el desarrollo, la educación, capacitación, difusión, promoción y asistencia de la actividad cooperativa y mutual en todo el territorio nacional. El despliegue de estas actividades requiere complementariamente el desarrollo y consolidación de las herramientas de fiscalización y control público de las entidades cooperativas y mutuales que se nuclean en el sector.
Asimismo, se impulsa el fortalecimiento y fomento del asociativismo como vehículo para la consecución del bien común y el desarrollo sustentable trabajando desde dos grandes dimensiones.
Por un lado, en el ámbito local promoviendo la cultura asociativa a través de las Mesas del Asociativismo y la Economía Social, apoyando e impulsando nuevas formas de organización económica en los municipios y provincias, mediante la creación de cooperativas y mutuales de desarrollo local. Por otro lado, en la dimensión de las políticas, se trabaja con diferentes dispositivos que atienden las necesidades específicas y la diversidad de actores que componen el sector, tomando como base la co-creación y la mutilsectorialidad como ejes rectores para la formulación de políticas públicas. Se busca, asimismo, la creación de espacios de confluencia entre las diversas iniciativas provenientes del sector a través de dispositivos como las Comisiones Técnicas de asesores del Directorio y el Banco de Proyectos del INAES.
Además, se prevé el diseño e implementación de programas y proyectos de capacitación y asistencia técnica, económica, financiera y de gestión en forma permanente a entidades cooperativas y mutuales, como así también a aquellas entidades del sector de la economía social y solidaria que participan en programas que impulsa el Poder Ejecutivo Nacional. Es oportuno destacar que se brinda asistencia técnica y capacitación a grupos pre-cooperativos y pre-mutuales.
Por otra parte, se fortalecen las diversas expresiones de la economía solidaria y el asociativismo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas en todos los ámbitos del quehacer nacional, convocando en la participación y colaboración a las representaciones del sector mediante convenios de cooperación interinstitucional, incluyendo universidades públicas y asociaciones sin fines de lucro comprometidas con el desarrollo productivo del sector.
También se ejerce la fiscalización y control público preservando la figura jurídica Cooperativa y Mutual. Con el fin de fortalecer los sistemas de control e información que mantengan actualizado el universo de entidades que corresponde controlar, segmentándolas por volumen de operaciones y cantidad de asociados, de forma tal de ejercer una fiscalización más eficiente, se impulsa un plan anual de fiscalización en todo el territorio nacional y el Sistema de Control Especializado de Prevención de los Delitos de Lavados de Activos y Financiación del Terrorismo, junto con políticas expresas contra el fraude laboral, fiscal y financiero por parte de los grupos directivos, preservando la identidad y la figura jurídico cooperativa y mutual.
Finalmente, se observa e interviene sobre la realidad desde una perspectiva cooperativa de géneros, promoviendo la integración social de los grupos sociales históricamente postergados a través de las herramientas del asociativismo”.
