El Poder Ejecutivo Nacional envió al Congreso un proyecto de ley para reformar el sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, y las atribuciones de la Unidad de Información Financiera.
El borrador, que deberá seguir el trámite parlamentario, contempla varios cambios, entre ellos la modificación de tres artículos del Código Penal, incluso incorporando tipificaciones surgidas de convenios internacionales que haya suscripto el país.
También incluye modificaciones a la ley 25.246, a través de la cual se creó la Unidad de Información Financiera en el año 2000. Entre las variantes pretendidas, están la del otorgamiento de autarquía a la UIF con facultades sancionatorias incluso ampliando la gama de sanciones. De esta forma, el organismo podrá solicitar información que considere útil a su funcionamiento.
Además contempla la incorporación de un enfoque de riesgos; ingreso de nuevos actores a la figura de Sujeto Obligado, como la de abogado, y la creación de un registro centralizado dando la condición de autoridad de aplicación a la AFIP.
El proyecto prevé suprimir el carácter de sujeto obligado a organizaciones sin fines de lucro, aunque dentro de las modificaciones serán objeto de un análisis de riesgo.
Esta figura, no abarca a mutuales y cooperativas, que se mantendrían como sujetos obligados. De hecho, el texto de la norma incluye al INAES como organismo de contralor, dejando en claro que las entidades deberán seguir brindando la información requerida por la UIF.