La semana pasada el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que busca prevenir y regular el uso de los antimicrobianos.
La flamante norma permitirá controlar la venta y suministro de antibióticos al establecer que «todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada'».
En tal sentido, la Federación de Mutuales de Salud (FAMSA), celebró la sanción de la ley, luego que su Centro de Estudios del Sistema de Salud y la Economía Social realizara un análisis técnico sobre el tema.
El espacio de investigación consideró que la resistencia a los antibióticos desde la evolución de los microorganismos, “supone una creciente amenaza para la salud pública” y califica como “alarmante la rápida propagación a nivel mundial de bacterias multi resistentes que son causa de infecciones comunes y resisten al tratamiento con los fármacos antimicrobianos existentes”.
Los académicos explicaron en reporte que tanto la Organización Mundial de la Salud, como su análogo en la región Panamericana, han advertido reiteradamente acerca del problema y han puesto en marcha estrategias para la contención de la resistencia anti microbiana (RAM).
En el informe emitido por el Centro de Estudios de FAMSA, se expresa que “Resulta por tanto propicio y oportuno que nuestros legisladores hayan tenido en cuenta estos antecedentes y valoren el riesgo concurrente”. A la vez, valora la iniciativa al considerar que esta ley da “una respuesta robusta al problema. Cuestiones tales como los cambios en la modalidad prescriptiva y de dispensación de medicamentos, las exigencias que se introducen en materia de presentación y envasado, el etiquetado frontal como advertencia del riesgo de la automedicación y las restricciones a la utilización de antimicrobianos sistémicos en producción agropecuaria constituyen objetivos ambiciosos y loables”.
No obstante, los investigadores también advirtieron sobre la necesidad de contar con un cuerpo jurídico que desde la reglamentación de la norma, se garantice su aplicación efectiva, con instancias de fiscalización que custodien la finalidad para la que fue creada.
