A través de distintas acciones, Argentina se encuadra bajo los parámetros solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otros organismos internacionales de control para la prevención de lavado y financiación del terrorismo.

A partir de la publicación de la Evaluación Nacional de Riesgo por parte del Ministerio de Justicia de la Nación a través de su Comité de Coordinación, el país se va poniendo a tono con las recomendaciones para ganar terreno en la vigilancia sobre operaciones sospechosas, y así ir generando confiabilidad.

Casi en paralelo, la Unidad de Información Financiera dio a conocer su informe correspondiente al año 2021, con un minucioso detalle de acciones emprendidas por el organismo. Entre los numerosos datos publicados, de la cartilla se desprenden algunos que tienen relación directa con las transacciones efectuadas por mutuales y cooperativas con servicio financiero.

De la estadística surge que durante ese año -2021- la UIF realizó 187 supervisiones, dos de ellas a entidades del sector. En el mismo periodo se inscribieron en el registro cuatro mil nuevos sujetos obligados, de los cuales 19 son mutuales y cooperativas. Y otro elemento interesante del desglose, es que, de un total de 64.633 operaciones sospechosas reportadas, el 2,1% (algo menos de 1400) fueron presentadas por mutuales y cooperativas.

Los números así expuestos, no dicen mucho por sí mismos. Para darle una dimensión en perspectiva, el especialista en temas de prevención, Alberto Chichilnitzky, explicó el sentido del informe, ante la consulta de este portal de noticias: “En lo global el sector califica como de riesgo medio bajo, en contraposición a los bancos que en la evaluación emergen como ‘alto’; en términos generales hay que decir que Argentina es un país de riesgo medio”.

La parte del sector

Las actualizaciones en materia normativa han sido una constante desde los organismos competentes

El profesional considera que, aunque los números no son alarmantes para las entidades mutuales y cooperativas, la calificación podría bajar más aún y lo mismo con los reportes de operaciones sospechosas. En este sentido, Chichilnitzky, quien recorre el país con capacitaciones específicas sobre el tema, alerta sobre la necesidad de profundizar el trabajo por parte de las organizaciones: “Lo que se observa es que los responsables del área en las instituciones, ven muy lejos el riesgo de lavado, lo que deriva en una falta importante al cumplimiento de las normas en algunos casos, y por otra parte, en un exceso a la hora de emitir un reporte de operación sospechosa, no siempre debidamente fundado.

“Por ejemplo, son muchas las entidades que carecen de módulos de alerta, o que emiten falsos positivos por no agotar las instancias previstas antes de emitir un reporte. Un mal informe puede traer problemas a la entidad, ya que la persona que opera con un servicio de ayuda económica o con el crédito cooperativo, puede sentirse perjudicada por un reporte equivocado y hasta iniciar una demanda por daños y perjuicios”.

El especialista insiste con la lectura y correcta interpretación de los instrumentos disponibles: “Desde INAES y CAM se da un fuerte y permanente impulso a la capacitación y actualización para la tarea. De hecho, pudimos hacer una manual de procedimientos, producto que nos demandó mucho tiempo de trabajo para hacerlo lo más claro posible, que incluye módulos de alerta para que cada entidad lo aplique fácilmente. En mi experiencia he detectado verdaderas groserías en el accionar, sea por desconocimiento o por considerar que es un tema alejado de su mutual o cooperativa. Incluso he escuchado casos en los que directamente copian procedimientos de un banco o de una entidad financiera, que es otro sector distinto y nada tiene que ver con la metodología que debe aplicar el sector”.

A pesar de las numerosas jornadas promovidas desde la Confederación Argentina de Mutualidades, con alto número de participantes, Chichilnitzky asegura que hay que insistir en la prédica: “Hay que seguir con los programas de capacitación porque eso va a robustecer al sector. Los organismos competentes proveen de información y compilación, pero hay dirigentes que deberán entender que tienen que apropiarse de las herramientas que se ponen a su disposición. No pueden seguir existiendo omisiones o ausencia de lectura de los medios disponibles que le dan marco a su trabajo”.

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