A través de la Resolución 3208/24, publicada hace unos días en el Boletín Oficial, el Instituto Nacional de Asociativismo procedió a la suspensión de casi 8.300 entidades.
Desde el inicio de esta gestión, el INAES ya retiró la autorización a 9.405 entidades en total.
En el desglose del anexo de la norma, figuran 7.873 cooperativas y 417 mutuales en todo el país, las que ya habían sido intimadas durante el año pasado. Las entidades afectadas no presentaron documentación adeudada, principalmente la referida a las Asambleas y los estados contables.
Del total de mutuales que ya no pueden gestionar, 41 tienen domicilio en la provincia de Córdoba, lo que significa el 10% del listado de sancionadas. En el mismo territorio, son 346 cooperativas, varias de ellas vinculadas a la tarea de reciclado y hasta un establecimiento educativo con décadas de existencia en la ciudad. Además de la suspensión de actividades, la resolución dispone el inicio de un sumario.
El período observado por el INAES comprende desde febrero de 2017, o desde la fecha de inscripción, hasta septiembre de 2024.
No fueron incluidas en esta medida las mutuales que tienen origen en colectividades extranjeras, amparadas en un programa específico de recuperación. Tampoco alcanza a cooperativas que bridan servicios públicos en su comunidad de asentamiento. En el caso de Córdoba, hay 21 mutuales de colectividades con documentación faltante.
