El presidente de la Mutual Carlos Mugica, Marco Galán, se expresó contra la disolución del Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU), que permitió a la entidad desarrollar el servicio de internet en barrios de la ciudad de Córdoba donde no había accesibilidad.
El FFSU fue un programa creado para facilitar la inclusión digital y la promoción del acceso a la conectividad en segmentos urbanos vulnerables. Desde su creación, permitió conectar a miles de barrios populares en todo el territorio nacional, mediante proyectos impulsados desde el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El organismo financiaba el desarrollo de servicios digitales en barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares. A la vez, abría esa posibilidad a las organizaciones de la economía solidaria, cuando el INAES tenía una fuerte interactuación con entes del Estado nacional.
La Mutual Carlos Mugica, con un extenso trabajo territorial, accedió al Fondo a partir de un minucioso proyecto técnico, y ejecutó la prestación en 24 barrios de la capital cordobesa, llevando fibra óptica a dos mil hogares. El trabajo desplegado por la mutual fue auditado en todas sus etapas por la Universidad Tecnológica Nacional, según las disposiciones que en ese momento estableció el ENACOM.
El Fondo Fiduciario de Servicio Universal, nunca implicó partidas especiales del Tesoro, ya que se sostenía con el 1% del impuesto que pagan las empresas de telecomunicaciones. Desde la puesta en vigencia del programa, se hicieron inversiones para colocar tendidos de fibra óptica en los 6.200 barrios registrados en todo el país.
El dirigente mutualista relató que “Nosotros sacamos la licencia y ejecutamos el proyecto Ranchada IP, uno de los más importantes de la Argentina. Hubo un gran impacto en lo que significa haber mejorado la calidad del acceso al internet. La gente que vive en esos barrios puede trabajar, estudiar o entretenerse con el WiFi que presta Ranchada IP, a un precio mucho menor que lo que cobra cualquier empresa del mercado”.
Para Marco Galán, la decisión del Gobierno nacional de eliminar el Fondo Fiduciario de Servicio Universal “va a profundizar la desigualdad, no habrá un horizonte donde el Estado pueda intervenir para generar mejores condiciones de acceso”.
Finalmente, dejó abierta la posibilidad de judicializar la decisión del Gobierno Nacional, al sostener que “Es un derecho que se está vulnerando, lo que dejaría abierta la posibilidad de iniciar acciones legales. El ENACOM sigue percibiendo esa tasa del 1%, y queda flotando la pregunta ¿a dónde irá ese tributo? ¿qué se hace con lo recaudado de los medios de comunicación? Creo que estamos en condiciones de hacer una presentación, al menos, de un amparo”.
