José Frattini
El movimiento de las organizaciones de la Economía Solidaria ha logrado, en el interior de la provincia de Córdoba, establecer vínculos con los Estados municipales que permitieron extender el derrame de servicios a las comunidades locales en su conjunto, aún más allá de la masa societaria adherida a la mutual o a la cooperativa. Las alianzas estratégicas con los poderes públicos, han sido fomentadas y alentadas por el sector, dándole jerarquía como actor social y demostrando lo que se puede hacer cuando hay estímulos desde los gobiernos.
La relación mutual-municipio, tiene lógica a partir de que las acciones solidarias, parten de la ayuda mutua con el próximo, entendiendo a éste como el más cercano, el vecino. Aunque son muchos los casos de trabajos conjuntos en localidades del interior, y en varias ciudades del país, esta actitud no se refleja en la capital cordobesa. Incluso Intendentes, jefes comunales y concejales de muchas localidades de la provincia mediterránea, han llegado a manifestarse públicamente –por ejemplo- contra las pretensiones de gravar a las mutuales con impuesto a las ganancias, y hasta validaron los dicho con instrumentos legales.
Trasladar el modelo del interior a la ciudad de Córdoba no fue posible. Desde hace muchos años –por desconfianza o por omisión-, los gobiernos citadinos no abren sus gestiones al sector mutual, dejando pasar una ocasión para la utilización de recursos, logística e infraestructura con que cuentan las organizaciones.
El mutualismo intentó acercase y ponerse a disposición en distintas momentos, con distintas administraciones. Las respuestas fueron escasas o con poca convicción.
Se recordará, por citar un caso, cuando la Fundación UICE y la Mutual de Empleados del Ministerio de Acción Social, firmaron un acuerdo con el municipio, durante los últimos meses de la gestión de Daniel Giacomino, en agosto de 2011. El acta celebrada entre las partes, se refería al compromiso de trabajo y cooperación interinstitucional, para implementar en las escuelas municipales un Programa Educativo sobre mutualismo escolar. El mismo incluía entre sus principales puntos, la capacitación a docentes; asesoramiento; colaboración para la redacción de normativas, y elaboración de material de apoyo áulico. Después de las rúbricas, el documento quedó prácticamente en letra muerta. Nunca fue enviado al Concejo Deliberante para ser refrendado, y nunca llegó a ejecutarse.
Ni siquiera se tiene en cuenta un antecedente de gran importancia en el aporte del sector a la ciudad, como fue el padrinazgo y dotación de mobiliario y elementos para la escuela municipal primaria de barrio Sargento Cabral. En su momento, fue tal la valoración, que el establecimiento adoptó el nombre de Escuela Mutualismo Argentino, como reconocimiento a las entidades solidarias. El Estado nunca más las convocó para extender la acción en el resto del sistema educativo local.
Durante los comienzos del primer periodo de gestión del actual intendente Ramón Mestre (h), la dirigencia de la Federación cordobesa de mutuales pudo mantener una reunión con el mandatario, exponiendo la intención de generar algunas acciones en conjunto. Los frutos tampoco llegaron, salvo por el modesto acto de funcionarios municipales entregando una veintena de bastones verdes a personas con visión reducida, a través de FEMUCOR.
Varios años después, en 2017, el mismo Ramón Mestre acudió al INAES, donde obtuvo un subsidio de 3 millones y medio de pesos entregado personalmente por el presidente del Instituto, Marcelo Collomb. El aporte estuvo destinado a la compra de motocicletas con carros incorporados, para que los carreros sustituyan la tracción a sangre. El INAES se encargó de dejar plasmada en el acta acuerdo, la intención de impulsar la promoción y el desarrollo de cooperativas y mutuales en Córdoba Capital. Las organizaciones que nuclean a mutuales y cooperativas no fueron invitadas a participar de ese convenio, y por supuesto, no se advirtió ni la promoción ni el desarrollo del sector en la ciudad.
El rango que hoy ocupa la Economía Solidaria organizada en el Palacio 6 de julio, es poco menos que desconocido. Son dos Subdirecciones, una de Economía Social, y otra de Cooperativas y Enlace con las ONG’s. Ambas dependen de la Dirección de Desarrollo Comunitario; ésta a su vez de la Subsecretaría de Desarrollo Social, y ésta de la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social, de múltiples funciones. Cuarta jerarquía de una Secretaría y dividida en dos.
La participación de las entidades solidarias en las políticas de los Estados comunales, son consideradas esenciales en otros países del mundo. Sólo a modo de ejemplo, el proyecto Reas Euskadi, de Países Vascos, se plantea la investigación, formación, sensibilización ciudadana, difusión e interlocución institucional, para identificar políticas públicas locales, basadas en los principios y prácticas de la Economía Social y Solidaria, así como desarrollar herramientas al servicio de la transformación de los territorios desde criterios de equidad, sostenibilidad y solidaridad. El trabajo de Reas, cita a ciudades de Irlanda, Inglaterra, Francia, Bulgaria, Bélgica, Alemania, Suecia y Dinamarca, donde se desarrollan verdaderas transformaciones en casi todos los ámbitos de la comunidad local (educación, urbanización, viviendas colaborativas, sistemas alimentarios, compras públicas responsables, entre otras esferas), a través de las organizaciones y estimuladas desde el Estado comunal.
Las entidades que componen el mapa de la Economía Solidaria, están siempre atentas a la apertura desde las administraciones locales, para poder desplegar su conocimiento, su experiencia y sus recursos, en pos de la finalidad máxima, la contribución a la mejor calidad de vida de los ciudadanos.
