En 1986 se sancionó la ley 23.427, por la que se creó el fondo para la educación y promoción cooperativo, a partir de un aporte sobre el patrimonio de las cooperativas del país. De lo recaudado, el 50% se destina al INAES, y el otro 50% se distribuye a las provincias en base a los porcentajes establecidos en la coparticipación federal. A la provincia de Córdoba le corresponde un 9,09% de esa mitad coparticipable.
La Legislatura local adhirió a esa norma, sancionando en 1988 la ley 7.734. Los fondos debían ser administrados por el organismo oficial provincial de contralor de las entidades.
Entre los años 1997 y 2002, por la emergencia económica, los gobiernos cordobeses interrumpieron el giro de esas partidas para engrosar las magras arcas públicas.
A partir de 2002, ese ingreso girado desde la Nación, pasó a rentas generales. Hasta que ocho años más tarde, se sanciona una nueva ley en la Unicameral, la 9.858, creando un Fondo Fiduciario de garantía para el financiamiento de cooperativas, integrado con recursos existentes en el fondo para desarrollo cooperativo, ahora depositados en el Banco Provincia de Córdoba. Es decir, para quienes necesitaran financiación para el desarrollo y fomento, podían acceder a un crédito a tasa subsidiada, cuya garantía es el mismo dinero aportado por las entidades.
El especialista Eduardo Ingaramo, profesor titular del Seminario de Investigación de Mercados en la Universidad Católica de Córdoba, ha sido un estudioso del caso y considera que “El Estado, a partir de estas acciones, está en deuda con la sociedad más que con las cooperativas, porque ese dinero era para fomento de nuevas entidades, para el desarrollo de proyectos, fortalecimiento institucional, en fin, para contribuir a la educación cooperativa y para solventar la creación de organizaciones de producción, de trabajo. No es un fondo para que una cooperativa de servicios públicos financie un tendido de red eléctrica, sino para estimular al progreso del sector y del movimiento. Este es un fondo con destino específico que no se está cumpliendo desde hace años”.
El portal oficial del Ministerio de Finanzas de la Provincia, no tiene actualizado sus datos públicos. La última información data del 30 de abril, y en ese primer cuatrimestre de 2019, acusa un ingreso por el Fondo Cooperativo de 5.200.000 pesos. Sería difícil calcular el monto final de tantos años de retención más la actualización, que no están destinados a la finalidad para el que fue creado.
Queda por supuesto la pregunta sobre el cumplimiento del artículo 36 de la Constitución Provincial: “El Estado fomenta y promueve la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales. Les asegura una adecuada asistencia, difusión y fiscalización que garantice su carácter y finalidades”.
