Las cooperativas que brindan el servicio de energía eléctrica, advirtieron sobre el impacto negativo que traerá aparejado el esquema de aumentos tarifarios para el presente año.
En conferencia de prensa brindada la semana pasada por FACE, la federación que agrupa a cooperativas eléctricas del país, su presidente José Álvarez, enfatizó que “Los aumentos tarifarios impactan en los bolsillos de la gente y nosotros tenemos que poner la cara. Las cooperativas somos responsables de que nuestros asociados tengan un buen servicio eléctrico, de darles la mejor calidad, para eso trabajamos todos los días, pero no somos formadores del precio de la energía”. En otro pasaje alertó las dificultades de pago al que podrían enfrentarse las entidades, al exponer que «tenemos un alto grado de morosidad de nuestros asociados, y con los aumentos anunciados vamos a tener más. Si esto sucede se nos va a dificultar pagar la energía que compramos”.
Ya en días anteriores, la Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén había anunciado su rechazo al aumento de tarifas. El titular de la organización, Carlos Ciapponi cuestionó el incremento anunciado por el Gobierno Nacional, al considerar que «no está justificado, técnica, económica y socialmente el aumento que quieren aplicar. Para la cooperativa este aumento significa un incremento en nuestra factura de compra de energía de 50 millones de pesos».
En Gualeguaychú, Entre Ríos, el presidente de la cooperativa de esa ciudad, Guillermo Farabello, incorporó otro ingrediente a la problemática de las nuevas tarifas, al declarar que las entidades deberán subsidiar a los usuarios porque se avecinan imposibilidades de pago: “El dinero que tendríamos que invertir en mejorar los servicios, los tenemos que aplicar a dar respuesta a la gente que no puede pagar su factura».
Desde FACE hicieron notar que a esta situación de incrementos en el servicio de energía, se suma la resolución del INAES (3442/18) por la que se obliga a las cooperativas a no incorporar dentro de las facturas que reciben los usuarios, los servicios adicionales que habitualmente se brindan. Así lo remarcó Ricardo Airasca, de la Comisión de Política Energética y Tarifaria de FACE: «Se pretende que se separen las facturas, cuando los asociados usuarios decidieron en asamblea facturar en forma unificada para ahorrar costos. Es impensable que el Estado pueda ejercer una tutela mejor que la que ejercen ellos mismos, los usuarios, que pueden decidir en una asamblea. Por eso digo que están tirando en la línea de flotación al cooperativismo que ha permitido que el interior argentino se desarrolle».
En este sentido, desde Misiones surgió la primera oposición efectiva. Ángel Kuzuka, presidente de la Federación de esa provincia, salió al cruce anunciando que por el momento las entidades harán caso omiso de la resolución y seguirán emitiendo su factura con todos los servicios incluidos. Mientras continuarán discutiendo con las autoridades del INAES, Kuzuka calificó como inaplicable este normativa, explicando que “la mayoría de las cooperativas subsisten con otros servicios, que por otra parte son solicitados por los propios asociados de las entidades solidarias, que en sus comunidades se autoprestan los servicios públicos en materia de electricidad, gas, agua, cloaca y telefonía, así como otros servicios tales como televisión por cable, internet, sepelio, ambulancias, enfermería, entre otros”.
