El cuerpo deliberativo de la provincia mediterránea se apresta a declarar de interés la resolución de Naciones Unidas, que recomienda la promoción de la economía solidaria como instrumento para el desarrollo sostenible.
Hacia ese objetivo, se viene trabajando de manera conjunta entre el legislador Matías Chamorro y organizaciones asociativas, quienes mantuvieron una amplia reunión a fines de la semana pasada.
Chamorro, titular de la Comisión de Economía Social de la Unicameral mediterránea, expresó “Es para nosotros realmente importante ser el primer parlamento de la Argentina que busca declarar de interés esta resolución, ya que la Economía Social y Solidaria, no puede ni debe ser ignorada por la política. Es uno de los sectores más diversificados participando de los diferentes eslabones: producción, industrialización, servicios, comercialización e incluso exportación.
“Dando cuenta de cómo la cooperación con otros puede solucionar problemas comunes y dinamizar la economía; con un profundo compromiso con los territorios. Las mutuales y cooperativas tejen otro futuro posible, un mundo más vivible y viable. Tenemos que mirar más a la Economía Social, la tenemos que potenciar si realmente deseamos el tan anhelado desarrollo sostenible.
En tiempos donde se pone en cuestión la Agenda 2030, la justicia social, los derechos humanos, laborales, de las mujeres y la diversidad sexual e inclusive el rol del Estado, es fundamental estos espacios de encuentro para compartir miradas sobre el arduo trabajo que la Economía Social viene llevando a cabo en América Latina y el interior de Córdoba”.
La resolución aludida fue emitida durante el 77 período de sesiones de la Asamblea de la ONU, concretada durante el primer cuatrimestre de este año. Entre sus contenidos, el organismo sugiere “alentar a los Estados Miembros a que promuevan y apliquen estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible, habida cuenta de las circunstancias, los planes y las prioridades nacionales”. A la vez, propone que se desarrollen “marcos jurídicos específicos (…) para la economía social y solidaria, dando visibilidad (…) a la contribución de la economía social y solidaria a la hora de elaborar las estadísticas nacionales y ofreciendo incentivos fiscales y de contratación pública”.
