Las entidades que prestan el servicio de salud se mantienen en permanente consulta con la Federación Argentina de Mutuales de Salud (FAMSA), para dilucidar los alcances del DNU 70/2023 en materia de prestación sanitaria.
Los cambios introducidos en la norma emitida por el Poder Ejecutivo, están siendo examinados por la dirigencia y equipos técnicos de la federación, a la vez que se mantienen a la espera de reuniones con autoridades del ministerio de Salud o de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Ante este panorama, el titular de FAMSA, Juan Pivetta respondió a la consulta de este portal, y aseguró que se están analizando cada uno de los artículos referidos a la materia, y tratando de esclarecer las consecuencias que pueden tener en el corto, mediano y largo plazo.
“Este instrumento genera una libertad de acción muy impactante a la hora de actualizar el valor de los planes de salud».
«No obstante, no sucede de igual modo con la obligatoriedad de cobertura de un Plan Médico Obligatorio (PMO) en constante incremento prestacional, con aumentos por arriba de los índices inflacionarios en el precio de los medicamentos y expectativas económicas insatisfechas en cuanto a los honorarios médicos.
“Esta liberalización que es una reivindicación sectorial, pero en un contexto inflacionario inmanejable y pérdida permanente en el poder adquisitivo, producen una enorme preocupación ante la probable imposibilidad de pago por parte de los asociados. En el caso de FAMSA tenemos entidades grandes, medianas y pequeñas, financiadoras y prestadoras, cada una con sus posibilidades y realidades de alcance de servicios asistenciales, lo cual genera grandes preocupaciones”.
El dirigente delineó con una síntesis histórica la relación entre el Estado y el mutualismo:
“Una mutual es por naturaleza una organización autogestionada y de libre elección».
«Con el tiempo, el Estado empezó a generar normas para organizar la actividad; siempre fue una cuestión de ordenamiento, no de modificación a la voluntad de la gente de asociarse libre y voluntariamente bajo ciertas condiciones. Así por ejemplo surgió la posibilidad de participación de la mujer en la vida institucional, y la promoción y el impulso al sector. Sin embargo, hubo un momento en que el Estado intervino para, en el caso de las mutuales de salud, incluirnos en una ley que regula la actividad de empresas comerciales como son las empresas de medicina pre paga, con la obligación de cubrir una determinada cantidad de prestaciones asistenciales, y sin la posibilidad de establecer el valor del servicio. Esto distorsionó el espíritu mutualista”.
El presidente de FAMSA evalúa con cautela la coyuntura derivada del DNU, y sostiene que, por el momento, se puede decir que en algunos casos puede ser una oportunidad, y en otros, una amenaza: “Por ejemplo, las entidades con menor capacidad operativa para prestar el servicio, no van a estar en condiciones de competir con una empresa lucrativa de gran envergadura, lo cual puede generar una concentración en el mercado, desplazando como consecuencia a cientos de miles de personas a la atención exclusiva de una salud pública, que no posee la capacidad de dar respuestas. Si queremos poner en el centro a las personas y en la búsqueda del acceso equitativo a los sistemas de salud, se debería desarrollar una nueva ley en lugar de la 26.682, que establezca un piso universal de prestaciones médicas y que tenga en cuenta los recursos económicos y humanos existentes. A partir del mutualismo de salud, su historia lo demuestra, se pueden dar respuestas desde las coberturas integrales y superadoras del PMO, hasta los planes parciales complementarios de los otros subsistemas. Desde la administración de recursos como financiadores, hasta los centros de atención de salud de baja complejidad y también a partir de los grandes centros prestacionales hospitalarios”.
Sobre este punto, Juan Pivetta se explayó aclarando que la segmentación de tipos de prestaciones, es algo que FAMSA viene pregonando desde hace años:
“En definitiva, estamos buscando que las mutuales puedan ofrecer distintos niveles de cobertura, especialmente sobre la base de la atención primaria de la salud (ATP), pero con una visión complementaria del sistema».
«Es decir, si un asociado necesita ir a un segundo o tercer nivel de atención (ejemplo cirugías u otras complejidades médicas), el propio sector pueda derivarlo a otros centros prestacionales, como la salud pública donde sí se lo brinden; esa actitud sólo puede hacerlo el mutualismo”.
Las definiciones se sostienen a partir de datos concretos. Por ejemplo, los medicamentos, cuyo rubro significa un 32% de los costos prestacionales, registraron un incremento promedio en 2023 del 282,5 %, mientras que en el mismo periodo la cuota de salud de las mutuales (regulada por el Estado) aumentó un 120 %. Las entidades que brindan el servicio, aumentaron desde enero un 40% el valor de la cuota social, y en febrero estiman que se aplicará un 20 %. Sobre la posible reacción de los asociados, el dirigente mutualista reconoció que “seguramente vamos a perder asociados; el mercado de salud privada en general va a sufrir bajas. Por eso tenemos que generar alternativas para las personas. La gente que deje la pre paga, sea del sector lucrativo o mutual, se traslada al sistema de salud pública, se produce mayor demanda, y la va a hacer colapsar. Esto pone en riesgo la calidad en los servicios de cobertura médica”.