El pasado martes, la ciudad de Wilde en la provincia de Buenos Aires, fue escenario de un violento desalojo a los miembros de la Cooperativa Nueva Generación, con un saldo de heridos, demorados y destrozos de maquinarias y herramientas de trabajo.
La organización asociativa integrada por más de ochenta personas, comprende un taller textil, un jardín maternal para hijos de asociados, comedor y merendero, más un aula virtual para apoyo escolar. La cooperativa de trabajo comenzó a funcionar en el año 2005 en unas instalaciones abandonadas de la localidad de Wilde, en el partido de Avellaneda, y desde allí comenzó a generar trabajo y desplegar una acción social integradora para más de un centenar de personas.
El Consejo Consultivo del INAES, emitió una declaración repudiando la medida del desalojo y los métodos represivos ejercidos durante el operativo, cuyo texto completo se adjunta aquí:
Los antecedentes
En 2010, el heredero del anterior propietario, Gabriel Guillermo Perugini, uno de los desarrolladores urbanísticos más acaudalados de la ciudad de Buenos Aires, inició una demanda de desalojo para recuperar el predio. La acción se inició en el Juzgado Civil y Comercial 1 de Avellaneda, a cargo del juez Pablo Ernesto Bocaccia. Desde ese momento se iniciaron distintas gestiones para preservar el emprendimiento cooperativo, que significó una salida laboral para un grupo que quedó diezmado post crisis del 2001. La herramienta colectiva de la economía solidaria, permitió el sostenimiento de estas familias en cuanto al desarrollo laboral y la contención social.
La disposición del juez Bocaccia y el desproporcionado uso de la fuerza pública solicitado por el mismo magistrado, ignoró por completo todas las presentaciones previas de parte de los poderes legislativo y ejecutivo, en un intento de salvataje para la cooperativa.
Ante la consulta de Prensa con Opinión, el vocal del directorio del INAES, Nahum Mirad, confirmó que el organismo en pleno venía siguiendo el tema con atención desde hace tiempo, a tal punto que el cuerpo aprobó el día 11 de noviembre la asignación de un subsidio por diez millones de pesos, a disposición de los cooperativistas para hacer frente a los gastos de traslado de toda su infraestructura y alquiler de un nuevo espacio. El Instituto dispuso un plazo de treinta días hábiles para efectivizar el traslado y liberar el inmueble en litigio, por lo que se estaba ante una solución efectiva, sin desconocer la sentencia judicial.
En el mismo sentido, la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, presentó un escrito ante el juzgado competente, en donde se expuso el compromiso de los demandados para proceder al desalojo voluntario de las instalaciones en el plazo de treinta días hábiles, acompañando la argumentación con la resolución del INAES. De este modo, la Defensoría solicitó un breve aplazamiento en el cumplimiento de la sentencia “… a efectos de que la demandada logre realizar el traslado de maquinarias, elementos de trabajo y demás pertenencias hacia el inmueble donde continuarán desarrollando sus actividades”.
Todos ceden, menos el juez
La asistencia de parte del INAES, anticipándose a una inminente y drástica medida judicial, el espacio generado desde la Defensoría del Pueblo, más un tratamiento legislativo en el parlamento bonaerense, permitieron allanar el camino para que los demandados cumpliesen la orden judicial, sin tensiones y sin conflicto, además de garantizar la continuidad de las tareas desarrolladas por la cooperativa. Sin embargo, todas las instancias fueron desestimadas por el juez Bocaccia.
Tanto Mirad como Zaida Chmaruk, otra de las integrantes del directorio del Instituto Nacional de Asociativismo, se expresaron a través de Twitter, en solidaridad con los trabajadores miembros de la cooperativa y repudiando el accionar policial en el operativo de desalojo. Mirad apuntó a la escala de valoración de derechos, planteando si “¿Tan difícil es entender que hay un derecho mayor a proteger que es el del trabajo?”.
Con el transcurso de las horas, otras entidades sumaron su adhesión a la cooperativa y rechazaron la medida judicial. Entre ellas, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Villa María (ADIUVIM), la Federación Argentina de Cooperativas
de Trabajadores Autogestionados, y Cooperativas de Trabajo Federadas Sur de Córdoba.
El INAES mantiene en plena vigencia el otorgamiento del subsidio de diez millones de pesos, aun después de haberse cumplido la orden emanada por el juez Bocaccia. No se descarta que el propio presidente de la Nación, Alberto Fernández, reciba en las próximas horas a los miembros de la cooperativa.
