En una comunicación oficial, el gobierno de la villa serrana manifestó que la comunidad “está siendo víctima de un atropello constante por parte del Gobierno Nacional, de dirigentes como Carlos Caserio, Martín Gill y funcionarios del INAES”.
Los dichos, ratificados en conferencia de prensa encabezada por el intendente local, Daniel Gómez Gesteira, surgen como reacción a la decisión del Ente Nacional Regulador del Gas, de otorgar la provisión del servicio a la empresa Ecogas.
La prestación era brindada desde el año 2004 por la empresa Carlos Paz Gas, una sociedad mixta de la que participaban la Cooperativa de Servicios Públicos (COOPI) y el Municipio, hoy en liquidación.
El mandatario comunal había enviado un proyecto de Ordenanza al Concejo de Representantes -cuerpo legislativo local- que establecía la creación de un nuevo ente societario con la Cooperativa San Roque de Villa del Lago, población anexa a Carlos Paz, desplazando a la COOPI para prestar el servicio de gas en toda la ciudad.
Sin embargo, la Cooperativa San Roque no contemplaba en su estatuto la posibilidad de brindar ese servicio. Por lo que su Consejo de Administración convocó a asamblea ordinaria para el día 7 de noviembre de 2020, cuando regían restricciones por pandemia, a fin de modificar el objeto social de la entidad.
El acto contó con la presencia de catorce asociados: siete consejeros titulares, tres consejeros suplentes, una síndica titular, una síndica suplente y dos asociados. También estuvo presente una funcionaria del órgano local competente de la provincia de Córdoba, y veedores del INAES, quienes advirtieron desde el inicio que, para esa fecha, la entidad estaba suspendida por no haber cumplido con el reempadronamiento establecido en la Actualización Nacional de Datos. A pesar de la escasa concurrencia, hubo disidencias planteadas por socios, además de observaciones por múltiple documentación adeudada.
Ante ese escenario, el INAES emitió la Resolución 396/2021, por la que se declara irregular e ineficaz esa asamblea, con la consiguiente anulación de lo resuelto por la misma, la intimación para regularizar su situación documental y para realizar una nueva convocatoria.
Sin la posibilidad de que la Cooperativa San Roque pudiese prestar el servicio de gas, la Ordenanza impulsada por Gómez Gesteira para la creación de una nueva sociedad, carecía de sustento jurídico, y por lo tanto el municipio no estaba en condiciones de asumir la prestación.
Estas son las razones que pueden explicar la dura reacción del intendente de Villa Carlos Paz contra el Instituto Nacional de Asociativismo, que entre sus funciones, están las de contralor y fiscalización de las entidades asociativas, precisamente referidas al cumplimiento de las normas vigentes.
La catarata de acusaciones que formuló el mandatario local apuntó a dirigentes y sectores políticos, por lo que no deja de parecer un llamativo exceso involucrar en esa disputa a un organismo conformado por un directorio cuya composición de pensamiento es variado, que representa al universo de la Economía Solidaria y que en un caso como este, se ajusta a derecho.
Les queda alguien con quien pelearse a estos imbeciles ?