Escribe Alberto Chichilnitzky (*)
Recientemente con el impulso de la CAM se realizaron cuatro jornadas de actualización sobre prevención de lavado de activos, teniendo como escenario las ciudades de Rosario, Santa Fe, Córdoba y CABA. El tema es de mucha importancia para el sector y ello se vio reflejado en la numerosa concurrencia que hemos tenido en cada evento, superando en todas las sedes los 200 asistentes. En el caso particular de CABA, nos precedió en la exposición el Coordinador Nacional de Riesgo de la UIF, quien expuso el análisis de la situación en diversos sujetos obligados a informar al organismo, resaltando el hecho que el sector de las Entidades de la Economía Social y Solidaria (en adelante EESS), está catalogado como de riesgo medio, es decir que con ciertas mejoras en el cumplimiento, podríamos bajar nuestro nivel de riesgo a los ojos del ente regulador.
En lo que hace a nuestras exposiciones, la jornada se estructuró sobre dos tramos en donde en el primero de ellos se pudo escuchar lo que ve el regulador (en este caso el INAES) sobre el panorama del cumplimiento de la normativa en el sector; en el segundo abordé mi visión sobre el mismo tema, predicada sobre la base de mi actividad profesional como consultor y auditor interno tercerizado en diversas EESS.
En el transcurso de la charla los asistentes han podido observar una coincidencia entre la visión del INAES y el autor de esta nota, en falencias que hemos visto en muchas entidades del sector en lo que hace a determinados puntos del cumplimiento de la normativa, tales como el desarrollo de la matriz de riesgo de los asociados, el cálculo del perfil transaccional anual, y el sistema de monitoreo de operaciones inusuales o sospechosas. Y estas falencias se dan no porque las entidades pretendan ocultar algo o bien porque no le dan importancia al tema, sino por una inadecuada comprensión y/o aplicación de la norma.
En tal sentido le transmití a los asistentes un tema que a mi criterio es central para esta problemática: quienes gobiernan las entidades son profesionales del riesgo de crédito que, tanto en el caso de las mutuales como en las cooperativas de crédito, administran el patrimonio de los asociados y en general son muy prudenciales a la hora de gestionar el riesgo de crédito. ¿Dónde se materializa esa prudencia? Esencialmente en el hecho de que quienes asisten crediticiamente a asociados Personas Humanas, regulan el monto de la asistencia crediticia en función de los ingresos de los asociados y un porcentaje calculado sobre la relación entre estos ingresos y el monto de la cuota.
¿Cómo gestiona el sector el riesgo de crédito para los asociados Personas Jurídicas? Pues con una metodología bastante similar a la utilizada con las personas humanas, sólo que la determinación del límite de crédito se efectúa en base a la información patrimonial, económica, financiera y tributaria que entregan las empresas a las entidades, financiando en general importes que van entre el 60 % y el 70 % de la venta, ya sea tomada de los estados contables o de la información tributaria entregada voluntariamente por las empresas asociadas. Y aquí radica la principal fortaleza del sector, dado que en este contexto la probabilidad de ocurrencia de una operación inusual o sospechosa se torna baja dado que la entidad, desde el negocio, no está dispuesta a financiar importes que superen la venta declarada.
Sin embargo así como observamos esta fortaleza no vemos un panorama similar al ver cómo se documenta el perfil transaccional anual exigido por la norma, pese a que las entidades cuentan con la información para determinarlo y ya tienen el camino recorrido al haber fijado el límite de crédito de los asociados. Es un tema para trabajar.
¿Y qué pasa con la evaluación del nivel de riesgo de lavado de los asociados, ya sea de personas humanas como de las jurídicas? Si un valor distintivo tienen las EESS es que el conocimiento del asociado es muy profundo, la cercanía del asociado con las EESS es una “marca” distintiva del sector, que se manifiesta con muchísima claridad a medida que nos internamos en el interior de nuestro país, donde la territorialidad permite un conocimiento profundo de los asociados. El gran tema -al igual que en el caso del perfil transaccional-, es que en gran cantidad de casos no se documenta este conocimiento de manera clara o completa, generando ello observaciones tanto del regulador como de los auditores internos.
Finamente, el tema del monitoreo de las transacciones varía mucho según se trate de que las entidades capten o no fondos. Va de suyo que en las que captan fondos el ingreso de dinero fresco a las cuentas o de inversiones en TICOCA (Títulos Cooperativos de Capitalización) en el caso de las cooperativas, requieren de un modelo más sólido que en las entidades en que sólo se dedican a las asistencias crediticias y tienen como primera barrera de defensa la calificación crediticia del cliente.
De acuerdo a lo que ha manifestado la UIF, en poco tiempo más deberíamos contar con la nueva resolución que reemplace la Resolución 11/2012 por una nueva que esté plenamente basada en el Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Las normas que ha emitido la UIF en el marco del EBR facilitan la tarea al sujeto obligado especialmente en carteras de bajo riesgo de lavado en donde prima el tratamiento del riesgo de lavado por segmentos de población -por ejemplo empleados asalariados-, simplificando la gestión del mismo.
Y es aquí donde cobran importancia los comentarios que he vertido más arriba. En cada una de las sedes le recomendé a los asistentes trabajar sobre los tres pilares del modelo de prevención, que son ni más ni menos el contar con una matriz de riesgo de lavado adecuada y ajustada a norma, un modelo maduro (y fundamentalmente claro para quien lo ve ya sea como regulador o como auditor interno) de cálculo de los perfiles transaccionales y el sistema de monitoreo transaccional. De modo tal que cuando la nueva norma entre en vigencia podamos tener las herramientas adecuadas para cumplir con estas disposiciones en tiempo y forma adecuados.
(*) Docente en la Diplomatura en Administración Financiera para Mutuales. Capacitador, auditor, asesor de entidades financieras y miembro de la Comisión Técnica de Financiamiento del INAES
